Este pronunciamiento marca un cambio de criterio respecto de la intervención de la CSJN que históricamente ha sido restrictiva y excepcionalísima sólo cuando una demostración "nítida, inequívoca y
concluyente" de un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la defensa en juicio. El cambio operado consiste en que el criterio actual es más amplio debiendose acreditar graves violaciones al debido proceso y la defensa en juicio y que éstas violaciones sean relevantes y tengan relación directa con la cuestión federal invocada.
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